“Hacia la mediación concursal. Instrumentos y organismos extrajudiciales para superar el estado de crisis de las empresas en dificultad financiera” será el espacio académico propuesto por nuestra Casa de Estudios
La coyuntura actual de las empresas enfrenta diversos retos generados tras la pandemia, el estallido social generado por los paros que paralizaron diversos sectores productivos, el precio del dólar, la inflación, entre otros aspectos que generaron el aumento del 28% de procedimientos concursales en Colombia en comparación con el año 2019. Según la Superintendencia de Sociedades se registra que para el año 2021 y 2022 recibió aproximadamente 3.237 solicitudes de inicio de procedimientos de liquidación y reorganización como efecto de las situaciones previamente mencionadas.
Por otro lado, el banco mundial prevé una deflación del producto interno bruto en 3,3 puntos en América Latina y en Colombia en 6,56 puntos, cifra que afectará el carácter macroeconómico en la adquisición de bienes y servicios para los hogares de bajo ingreso y el alce de costos y servicios para el funcionamiento operacional y administrativo de millones de empresas.
Ante este panorama que genera crisis de empresa e insolvencia para los empresarios, el gobierno colombiano implementó un esquema de recuperación empresarial mediante el Decreto Ley 560, 772 y 842 que permite a los deudores en crisis acceder al procedimiento de negociación de emergencia, de acuerdos de reorganización y de recuperación empresarial por medio de la mediación concursal.
Los beneficios de acceder a estos procedimientos consisten en que el empresario en crisis pueda negociar las deudas y obligaciones pendientes con sus acreedores en un término de hasta tres meses, obteniendo flexibilidad de la DIAN para rebajar intereses y negociar pagos, conseguir beneficios tributarios y legales en el cumplimiento de obligaciones legales para proteger el crédito, el empleo y el salvamiento de su negocio.
De acuerdo a este escenario de gran valor para la opinión pública se realizó una investigación reciente de las Universidades Sapienza De Roma y de La Gran Colombia, asegurando que la implementación del procedimiento de recuperación empresarial introduce en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de la mediación concursal, que además de los beneficios antes mencionados proporciona a los empresarios en crisis el acompañamiento de un experto que hace las veces de administrador concursal y conciliador extrajudicial para categorizar los acreedores, reestructurar las deudas y brindar medidas de protección para el cumplimiento de los acuerdos de pago de las obligaciones pendientes y que generan crisis.
La Superintendencia de sociedades registra que para el año 2022 el 74% de los deudores en crisis han hecho uso del procedimiento de negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización (NEAR) y de un total de 1.761 solicitudes, el 56% corresponde a procesos creados con el Decreto Ley 772 de 2020 para pequeñas insolvencias, el 26% pertenece a los procesos de reorganización y liquidación ordinarios previstos en la Ley 1116 de 2006 y el 18% a este tipo de procesos NEAR.
En consecuencia y según los investigadores del mencionado proyecto, Daniele Vattermoli, Luz Karime Ángel, Vincenzo Caridi y Mónica María Fuentes, la figura de la mediación concursal en el procedimiento de recuperación empresarial y el procedimiento de negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización es una innovación para el derecho concursal en Colombia que constituye grandes retos, ya que frente al primero se implementa un método alternativo de solución de conflictos no consagrado en Colombia que permite a un mediador hacer las veces de auxiliar de justicia y conciliador extrajudicial; mientras que para el segundo implica para el juez concursal reducir y simplificar el proceso de reorganización, mediante los principios de eficiencia, celeridad y eficacia.
Por ende, si un empresario se encuentra en crisis, hasta el 31 de diciembre de 2022 puede acceder a estos procedimientos gracias a la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 de Presupuesto General de la Nación 2022, que prorroga la vigencia de estos mecanismos de salvamento y que además responde a la crisis de manera efectiva y en compañía de expertos que le permitirán realizar acuerdos justos, equitativos y legales teniendo como fin el salvamento de la empresa y la reactivación de su negocio.
El próximo miércoles 24 de agosto de 2022 en las instalaciones de la Universidad la Gran Colombia se profundizará sobre todos estos temas previamente mencionados en el evento “Hacia la mediación concursal. Instrumentos y organismos extrajudiciales para superar el estado de crisis de las empresas en dificultad financiera” que tendrá entrada libre previa inscripción.
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Por: Monica Fuentes Docente Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
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El 158° Consejo Nacional de Rectores, realizado el 20 y 21 de marzo en la Universidad La Gran Colombia, reunió a los líderes académicos del país en un espacio de diálogo y toma de decisiones sobre el presente y el futuro de la educación superior en Colombia.
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Este convenio tiene como finalidad fomentar el desarrollo académico y científico entre ambas instituciones. La Universidad La Gran Colombia, como institución de educación superior con 75 años de trayectoria en Colombia, y el IIDH, con su reconocida labor en la enseñanza e investigación de los derechos humanos en el continente americano, unirán esfuerzos para generar programas y proyectos conjuntos que beneficien a la comunidad académica y profesional. La Universidad trabaja constantemente en la construcción de alianzas con organizaciones de prestigio mundial, buscando ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para su comunidad estudiantil.
Dentro de los principales objetivos del convenio se destacan:
La firma del convenio fue formalizada por el rector de la Universidad La Gran Colombia, doctor Marco Tulio Calderón Peñaloza, y el apoderado judicial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, doctor Juan Ramón Navarrete Monasterio. Con este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización de la educación superior, promoviendo iniciativas que aporten al desarrollo social y al fortalecimiento del conocimiento en el ámbito de los derechos humanos y la educación.
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